Minera canadiense despoja con engaños y trampas a una comunidad en Durango

  • Mantiene ocupación de terreno por el que había acuerdo temporal
  • Juega con la necesidad económica de lugareños, expresa activista

Fernando Camacho Servín / La Jornada

Aunque la minera canadiense Excellon Resources se había comprometido a devolverle a la comunidad de La Sierrita, en Durango, un total de mil 100 hectáreas en donde lleva a cabo sus actividades extractivas, la empresa se negó finalmente a cumplir dicho acuerdo, “jugando” con la necesidad económica de los lugareños y tratando de ganar tiempo, denunció Dante López, miembro del colectivo Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc).

El activista recordó en entrevista que aunque el objetivo de Excellon era comprar la tierra de los ejidatarios –tratando de convencerlos de que no tenía ningún valor comercial, dada la escasez de agua–, éstos accedieron únicamente a firmar un contrato de ocupación temporal en 2004, mediante el cual le alquiló las hectáreas mencionadas.

En 2008, abundó, los pobladores de La Sierrita llegaron a un nuevo acuerdo con la empresa para permitirle el uso de 27 hectáreas más, donde la compañía instaló la boca de la mina, una trituradora y oficinas administrativas, a cambio de tener el control de 600 mil acciones comunes de Excellon Resources.

Además, subrayó López, el contrato estipulaba que la firma canadiense realizaría diversas obras de beneficio social para la comunidad y permitiría a sus habitantes controlar el transporte de los minerales obtenidos –plata, plomo y zinc– y la alimentación de los 150 trabajadores de la mina.

Sin embargo, ante la falta de cumplimiento del contrato por parte de la empresa, e incluso de actos de violencia promovidos por la misma para dispersar manifestaciones pacíficas, los pobladores exigieron la rescisión del contrato y la devolución total de sus tierras.

En principio, indicó López, Excellon dijo que regresaría la totalidad de las hectáreas ocupadas, pero en la tercera audiencia sobre el tema –realizada el jueves pasado– finalmente se negó a hacerlo, argumentando que podía retirarse sólo de mil 90, pero no de 10 en las cuales levantó infraestructura hidráulica.

“La minera dijo que se tardaría dos años en retirarse de esas diez hectáreas y al mismo tiempo ofreció comprarlas, pero sin hacer una oferta clara por ellas. Lo que está haciendo es usar estrategias dilatorias para ganar tiempo y jugar con la necesidad económica de los ejidatarios”, denunció el activista.

Por todo lo anterior, en la cuarta audiencia sobre el tema, a celebrarse el 27 de junio, los ejidatarios tratarán de llegar a un acuerdo conciliatorio con la empresa, pero en caso de no lograrlo insistirán en la devolución de sus tierras, añadió.

 

Fuente: La Jornada

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